En su artículo Notas rápidas sobre Google News y la compensación irrenunciable donde básicamente sostiene que los medios AEDE sí tienen el derecho a reclamar un canon y que además tiene lógica. Por ejemplo dice (pero recomiendo leer el artículo):
el argumento «los medios obtienen tráfico de los agregadores y por tanto es absurdo que quieren ir contra los agregadores» no se sostiene porque no todos los medios estarían peor en un mundo sin agregadores o donde los agregadores pagasen un canon gravoso […] Tampoco resiste un argumento similar: «si eres un medio y crees que ser agregado te perjudica, simplemente elige no ser agregado». No se sostiene porque no hay nada incongruente en que un medio (i) elija ser agregado en las circunstancias actuales, aunque (ii) preferiría otra solución si pudiese acordarla (por ejemplo, prohibir los agregadores o imponerles un canon).
En primer lugar hay que tener claro que no fue ningún agregador el que solicitó cambiar las reglas de juego o pedir excepciones a la ley, fueron algunos de los medios lo que lo han hecho. Cuando se exige un cambio legislativo es el interesado el que tiene que dar los argumentos, y se supone que el legislador velará por el balance entre el interés general y los individuales. El de esos medios fue desde el principio que los agregadores se aprovechan, que son unos parásitos y que les hacen perder visitas porque la gente se queda satisfecha con la lectura del snippet y ya no entra al medio (y de hecho nos llamaron literalmente «parásitos»). No plantearon nunca que era para evitar ese efecto redistributivo del tráfico por razones obvias, iba quedar claro que no se trataba de una defensa de todo un colectivo sino de una parte de él.
Aún dado por buena la presunción que el tráfico se mantiene constante, el cierre de Google News España ya debería haber generado una subida del tráfico en los medios más grandes, cosa que seguramente ya lo habríamos sabido. Por lo tanto es una suposición bastante riesgosa. Hay otras razones para creer que no es cierto, un porcentaje del tráfico viene de otros países y si Google también elimina los medios Españoles en esos países es un tráfico que se perderá, no habrá esa «re distribución».
También hay algo que me llamó la atención, parte del principio que Google News perjudica a los medios más grandes (y/o antiguos y/o tradicionales) por lo que tiene lógica y sentido que demanden una compensación. O sea, los «agregadores» modificaron la realidad perjudicando a los más grandes del sector. Bajo la misma premisa Telefónica tendría derecho a pedir una compensación a las operadoras de móviles (o a Whatsapp, o a todo internet) porque claramente esa tecnología perjudicó a su «share» del negocio y podrían estar ganando más dinero. Obviamente la «ley de la gravedad» y que se debe legislar para el interés general se impusieron al de legislar sólo para mantener o mejorar los volúmenes de negocio de una parte (la más grande) de un sector comercial.
Hay que tener en cuenta que el gobierno ni siquiera consultó a otra parte importante de la misma «industria», los medios asociados a AEEPP que se opusieron desde el principio a este canon.
Es decir, desde todo punto de vista se legisló a favor de una parte minoritaria de una industria, en contra de la opinión de otra parte importante, sin consultar a todos los afectados y, sobre todo, perjudicando a los usuarios de un servicio gratuito y que no generaba ingresos a Google.
Si realmente la agregación de noticias de Google News hubiese generado un problema económico se habría atacado a la parte del negocio que sí genera mucho dinero para Google y que también genera -en España- la mayor parte del tráfico, o esa «redistribución»: el buscador. Sin embargo, por el miedo de esos mismos medios a perder ese tráfico, introdujeron una cláusula que explícitamente autoriza a Google a seguir haciendo y mostrando esa misma agregación dentro de su buscador. No solo contradice a la supuesta «lógica» de pedir compensación porque la tecnología cambió la situación, sino que la redacción de la ley -del propio AEDE- permitió que Google siguiese haciendo esa agregación pero ahora blindado de que le puedan reclamar cualquier pago.
Es decir, no tiene sentido la lógica de exigir una contraprestación sectorial y minoritaria debido a las supuestas pérdidas ocasionadas por el avance tecnológico que redistribuye tráfico a la competencia más débil, y mucho menos si se redacta una ley que no es siquiera coherente con esa supuesta lógica razonable.
Problemas peores
Por si no fuese suficiente la chapuza legislativa de una ley orientada a sacar dinero a una empresa (hasta el gobierno le pone el nombre de esa empresa y le llama tasa cuando no es tal) que en su redacción ya ha blindado a esa empresa, también hay que tener en cuenta la inseguridad jurídica que crea. Por dar el ejemplo personal directo -y del cuál supongo que estoy bastante bien informado-, no sabemos todavía si esta ley nos afectará o no.
En su redacción literal habla sólo de «agregadores», sin especificar qué tipos de agregadores. El borrador de la ley alemana decía lo mismo, durante el procedimiento legislativo se dieron cuenta que afectaba a redes sociales y otros agregadores, por lo que la cambiaron a «agregadores automáticos». Dijeron que esto se aclararía con el reglamento, que no es obligatorio y que no estará desde que entre en vigor la ley.
Por lo que si en unos diez meses nos invitaran «negociar» podría ocurrir perfectamente un diálogo como el siguiente:
– Consideremos que nos debe pagar 100.000 €/mes por enlazarnos desde meneame.net, por lo que debe pagarnos un millón por los retrasos desde que entró en vigor la ley
– Pero si ni siquiera se enlaza a medios AEDE
– Pero sí enlaza a otro medios y por lo tanto está obligado a pagar
– Pero si desde el ministerio dijeron que no afectan a redes sociales, y en nuestro caso son los lectores lo que ponen el enlace y entradilla, no somos nosotros, y según la LSSI-LISI y leyes y sentencias europeas…
– Eso da igual, no hay constancia ni definición legal de que Menéame sea una red social, y no lo será solo porque usted lo dice. Entra perfectamente en lo que dice la letra del 32.2 del LPI, y por eso le invitamos a negociar. ¿Acepta pagarnos el millón de euros?
– Tampoco podemos pagar esa cantidad, no la tenemos ni la recaudamos
– No es problema nuestro, la ley no pone ningún límite y le obliga a usted a pagar lo que salga de esta negociación. El resultado es que ya nos debe un millón
– Pepepepero…
– Aquí tiene la factura, si no le gusta recurra a la justicia, nosotros así lo haremos si no nos paga en 30 días, que ya está retrasado 10 meses. Buenos días.
Esta es la situación real actual: de inseguridad jurídica, que dependemos de la «buena voluntad» de una asociación privada y que no tenemos modo de que nos informen en qué grado nos afecta. Lo que invalida otra vez que la ley se hizo para proteger al más débil en la negociación: el más fuerte ya está blindado, los más débiles dependemos de la interpretación de la ley que haga una asociación de periódicos o una entidad gestora.
Por si lo anterior fuese poco, la LPI recorta derechos -o lo que es lo mismo, recorta las limitaciones a los derechos de autor- establecidos en convenios internacionales (el 10.1 del Convenio de Berna), leyes y sentencias europeas. No lo digo yo, lo dice una abogada experta en el tema de derechos de autor: La agregación de noticias en el nuevo TRLPI y su validez bajo el derecho internacional.
(No es como sugieren otros una «creación de un nuevo derecho», si previamente no hubiese existido el derecho a enlazar con una breve cita, a los editores AEDE les bastaba con demandar a Google por usar sus contenidos sin autorización. El tema es binario: o puedes o no puedes, si no puedes tienes todas las de perder. No hacía falta cambiar ninguna ley, se trata de un «recorte» claro y en toda regla.)
Pago irrenunciable
Estoy de acuerdo con que uno de los mayores problemas del #canonAEDE es el pago irrenunciable, pero no es el único. Los mencionados anteriormente son los mayores problemas de la ley (ley mal redactada, que recorta -sólo a algunos, no a los medios- derechos fundamentales, que crea inseguridad jurídica, que no es equiparable a ningún otro país democrático, que viola tratados internacionales, que deja a los más débiles desprotegidos y en manos de asociaciones privadas).
El argumento de si tenía sentido que algunos medios reclamasen una compensación no tiene mucha lógica que la sustente, ni es coherente con cómo se ha desarrollado todo el proceso. Aunque se le encontrasen motivaciones lícitas y de interés general a este canon, todo lo demás lo invalidaría.
No sé qué justificación puede haber a las motivaciones al proceso o en el texto del #canonAEDE. Salvo que demos por bueno que hay que proteger por ley el negocio de los «medios más grandes» y que estos deben tener unos privilegios (económicos y legales) que no está al alcance de los demás.
Ricardo Galli, de software 