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Hace unos días comenté el cable de Wikileaks que revelaba que Guisasola, Presidente de Promusicae, había solicitado al gobierno norteamericano que incluyese a España en la lista prioritaria de observación de la 301. Poco después me entero que en el juicio contra Pablo Soto (defendido por David Bravo y Javier de la Cueva), el mismo Guisasola declaraba “casi llorando” que EEUU nos había incluido en la 301. Hace unos minutos me entero que además aprovechó para llamar macarra a Javier de la Cueva.

Eso me hizo recordar el nivelazo (sarcasmo) de lógica y respeto que hay en los juzgados. Recordé un juicio de 2006 donde participé como perito de la acusación contra el Govern Balear (en la época de Jaume Matas, del PP). Ya hice un resumen muy breve hace tiempo, pero ahora contaré con un poco más de detalles.

Se hacen unas oposiciones parea auxiliar administrativo, una de las pruebas era de “conocimientos informáticos” (lo pongo en comillas porque se trataba de un módulo de MS Word, otro de MS Excel y otro de MS Access). Había cuatro modelos diferentes (en realidad cinco, pero uno fue anulado), un par de modelos tenían una proporción de suspendidos mucho mayor que los otros. Un grupo de estos afectados recurre las oposiciones.

El Govern Balear presenta un informe pericial de dos ingenieros informáticos, a la sazón vicedecano y secretario del reciente Colegio Oficial de Informática de Balears respectivamente (y uno de ellos era responsable de “nuevas tecnologías” de las juventudes del PP). El informe completo consistía de media página, que venía a decir “hemos analizado los exámenes y no hay diferencias entre los diferentes modelos”. Nada más, pero eso sí, llevaban el sello del Colegio.

El abogado de la acusación contacta conmigo para que le haga un informe pericial. Lo primero que le digo es que ese informe era ridículo, estábamos de acuerdo. Me pasa copia del expediente, veo que obviamente había diferencias enormes en complejidad y tiempo necesario para la resolución de los diferentes modelos. Acepto el caso y me pongo a buscar y preguntar cómo hacer un análisis más o menos objetivo para valorar las diferencias de dificultad, que además sea lo suficientemente sencillo para que un juez lo entienda (es requisito fundamental, el juez debe entender la explicación del perito).

Así, después de largas charlas con matemáticos y estadísticos, decido aplicar un método (tiene un nombre, no lo recuerdo) que es bastante sencillo:

  • Se ordenan las preguntas por su grado de complejidad,  todas juntas e independientes del modelo .
  • Se asigna puntos desde 0 hacia arriba partiendo de la pregunta más sencilla a la más compleja (a preguntas iguales corresponde el mismo valor).
  • Se normalizan a una escala de 0 a 10, siendo 0 el de mínima complejidad y 10 el de máxima.
  • Se estudian las diferencias basado en esa escala.
  • Además se analiza la correlación del análisis anterior con las estadísticas de aprobados y suspensos.
  • Se escribe lo anterior de la forma más sencilla posible.

Entrego este informe pericial.

La respuesta fue un escrito de 39 páginas de la abogada del Govern, plagada de ad hominems: «el perito no tiene idea…  que demuestra falta de profesionalidad,… etc». Al leerlo quedo alucinado, el abogado me explica que esto es normal, que no me preocupe, que es habitual y que ya están acostumbrados (¿?).

Lo curioso es que piden hacer una extensión a su informe pericial anterior (el de media carilla). Se acepta y lo presentan, firmada por los mismos peritos, donde copian la metodología de mi pericial… esa «que demostraba falta de conocimiento y profesionalidad». El informe concluía que usando la misma metodología se demostraba que no había diferencias fundamentales.

Me pasan el informe, lo analizo cuidadosamente y encuentro errores gravísimos:

  • Afirman que asignan en una escala de 1 a 10, pero sus mínimo era de 2, y su máximo de 9. Eso ocurrió por no normalizar, lo que deforma los datos y los hace incomparables.
  • Al normalizar los datos, salía que las diferencias entre modelos era aún mayores de las que yo había informado.
  • A preguntas idénticas en diferentes modelos les asignaban diferentes puntuaciones, llegando a haber 100% de diferencia entre una y otra (3 y 6 puntos).

Era un perfecto “fraude intelectual”. Presento un documento con mis respuestas y aclaraciones al abogado de la acusación. Ya no se podía adjuntar este documento al expediente, sólo podía explicar lo mismo cuando el juez nos citara a declarar a los peritos.

El juez nos cita a abogados y peritos para responder a sus preguntas, las de los abogados de la otra parte, y para una confrontación de peritos si hiciese falta. Nos citan un día caluroso a las 12 hs, en el juzgado no funcionaba ni el aire acondicionado. Cuando ya habían pasado las 12 hs, los peritos del Govern se van «a una cafetería porque hace mucho calor». Yo me quedo esperando en la galería, a los pocos minutos el juez nos llama. La abogada del Govern solicita comenzar sin sus dos peritos, el de la otra parte acepta… y aquí hace una jugada maestra.

Le dice al juez:

Señoría, con este calor no quisiera perder tiempo haciendo preguntas a mi perito cuando ya las tiene por escrito. Tengo copias suficientes del documento, si la otra parte está de acuerdo solicito ahorrar tiempo y directamente adjuntar ese informe al expediente.

La abogada dice que sí, e inmediatamente pasa una copia a todos (juez y abogados). Observo la cara de la abogada mientras lee el documento, se puso más blanca de lo que era (era muy rubia y de piel blanca pálida -y guapa-), a los pocos minutos se retira y empieza a hacer llamadas desde el móvil. El juez me dice que no tiene preguntas, que me retire, y que busquen a los otros dos peritos. Yo salí, ellos estuvieron hora y media a puerta cerrada, escuchaba los gritos desde fuera. (Luego me contaron que ante la pregunta de por qué a la misma pregunta le asignaban calificaciones diferentes, contestaron que era «por el contexto». «¿Qué contexto? ¿la temperatura? ¿o qué?» me dijeron que peguntaron los abogados de la acusación).

¿Quiénes eran esos peritos? Estos mismos que fueron imputados, junto con el Decano del Colegio de Informática, que también era director de la empresa pública Bitel. Sí, estos “patriotas” que crearon el colegio para proteger a los informáticos.

Por cierto, mientras el Decano del Colegio era director de Bitel, en 2007 algunos informáticos presentaron una demanda laboral por no respetar las condiciones de los convenios colectivos. También me tocó ser perito (éste fue mi informe), el juez le dio la razón a los acusados. La empresa dirigida por el Decano del Colegio Oficial de Informática no respetaba los convenios laborales de los informáticos. Pero lo más paradójico -sobre todo conociendo el caso anterior- es que la primera pregunta que me hace el abogado de Bitel en el juicio oral fue si estaba colegiado. A mi negativa me miró con desprecio, quizás sintió que ya partía con ventaja. No debía imaginar lo que estaba pasando en el Colegio. O sí.

Las historias de estos salvapatrias siempre tienen una parte muy oscura. Son los “principios” de nuestra sociedad, no todo es culpa de los políticos. Y lo de Guisasola es para el libro de la infamias.

Espero que al menos los profesionales nos tomemos en serio el “compromiso con la sociedad” y empezamos a ser estrictos y honestos con temas fundamentales y de principios. Es necesario, la suma de todos estos “pequeños fraudes” nos llevaron a la situación actual.

PS: En el caso contra el Govern el juez dictaminó (lo digo de memoria de una conversación telefónica, después de casi 5 años) que «aunque había diferencias entre los diferentes modelos, estos eran habituales y humanos,  por lo que no se justificaban anular toda la convocatoria».