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Ayer Antonio Fraguas me envió dos preguntas sobre las revindicaciones del manifiesto. Salieron publicadas en Internet, buzón de sugerencias, por supuesto muy recordada y simplificadas a pesar de la complejidad.

Esta fueron mis respuestas completas.

¿Qué opinas del anteproyecto del Gobierno?

Si hay que creer las buenas intenciones del Ministerio o del Consejo de Ministros es, desde el punto de vista legislativo, una auténtica chapuza porque la redacción no refleja esas intenciones. Lo que importa es la letra de la ley, no las intenciones de los que la redactaron. Los jueces o los que les sigan no tienen por qué conocer esas intenciones no escritas, ni compartirlas al momento de ejecutar la ley.

El anteproyecto tal como se presentó tiene varios problemas.

1. La comisión puede pedir datos personales a los proveedores de Internet sin la intervención del juez. Lo que puede afectar a protección de datos personales y la privacidad de comunicaciones.

2. La comisión tiene la capacidad de ordenar el cierre de páginas webs si considera que “no afecta” la libertad de expresión. El problema es que esta decisión será arbitraria y no la toma un juez, sino la propia comisión. Se podría recurrir administrativa o judicialmente, pero ni la administración ni la justicia son rápidas, con el perjuicio que puede ocasionar al afectado.

3. Por los dos puntos anteriores, está privando a los ciudadanos de una tutela judicial efectiva.

Hay un cuarto problema que no se habla mucho. Dime un blog o sitio web y te puedo dar varios ejemplos de que violan la Ley de Propiedad Intelectual. Como no está definido el “derecho a cita”, cualquier reproducción parcial de textos, imágenes o sonido que se puede constituir un ilícito. Es decir, cualquier sitio –Menéame, Barrapunto, Google, un blog, incluso periódicos– serán susceptibles de ser acusados de violación de la LPI. El caso más sangrante ocurre ahora mismo en la web de El Mundo, cuyo director se manifestó a favor de este anteproyecto, pero el buscador de ese sitio permite obtener listados de servidores P2P para bajarse obras protegidas. Es decir, aplicando la letra del anteproyecto debería ser uno de los primeros en cerrar, ya que los fines de lucro son manifiestos (pero afirmará que en ese caso es sólo censura ya que se trata de un “medio de comunicación”).

Otro problema. En caso de que la comisión envíe sus denuncias a los jueces –que pueden ser pocas o demasiadas, según el estado anímico de los miembros o sus amigos–, éstos tendrán que resolverlas bligatoriamente sin que haya una “barrera de entrada” para evitar los abusos. ¿Alguien cree que esto mejorará el funcionamiento de la justicia o la seguridad jurídica?

¿Qué alternativa se te ocurre para luchar contra la ‘piratería’?

En primer lugar, que la ambición de maximizar beneficios no les lleve a pescar en mares peligrosos y que luego exijan a la sociedad que les resuelva los problemas derivados. Vale, es una broma, pero valga la analogía. Los artistas deben tener el derecho de intentar ganar dinero con sus obras, pero la sociedad no tiene la obligación de asegurarles beneficios.

Si se hubiese asumido que la “propiedad intelectual” no es un característica natural de las obras intelectuales, que no es equivalente a la “propiedad física”, ni que los autores deben poseer derechos absolutos sobre todo lo que se hace con sus obras de forma privada, este debate que estamos teniendo hubiese sido mucho más racional, sosegado y centrado. Mi primera propuesta sería centrarlo, pero es tarea imposible dada la pobreza intelectual de los que suelen participar en los debates públicos (normal, son más soldados de batallas que pensadores).

Si además la “industria cultural” hubiese superado el obsoleto modelo de negocios de ganar dinero por copias físicas, la copia privada sin fines de lucro sería considerada normal y beneficiosa. No sólo es una mayor divulgación de cultura, también de la obra de esos artistas. El gobierno no debería preocuparse de los artistas ya millonarios, que no lo necesitan, sino de la inmensa mayoría de ellos. En realidad el negocio de cobrar por derechos de autor por esas copias físicas representa un negocio muy pequeño para los artistas, ¿cuánto cobra cada uno por un CD de 20 ó 15 €? ¿Tres, dos, uno? ¿Cuántos CDs han vendido? ¿1.000, 10.000, 50.000? En realidad estos artistas ganan más dinero de otras actividades,como conciertos, que son más numerosos y masivos que nunca. Así que mi segunda propuesta es que se asuma el derecho de copia sin fines de lucro y se empiece a explorar en serio otras formas de negocios y acercar a los artistas a sus fans que le siguen promocionando y divulgando a pesar de ser insultados y difamados cada día.

Si hay señores que están ganando dinero con las obras de terceros sin su autorización ni compensación adecuada, que sean los jueces lo que actúen, bien por ilícitos penales o civiles (estafa, por ejemplo). Si no está funcionando bien, que se dote de más recursos a la justicia –que es obvio lo necesitan–, o que desarrollen mecanismos para facilitar la compensación adecuada, por ejemplo las “licencias obligatorias” similares a las que permitieron el crecimiento de la radio, TV, y cable con una adecuada compensación a los artistas y distribuidoras.

Por último diría a esa decenas de miles de artistas que dejen de ser meros espectadores de la lucha de sus “amos” y hagan como hizo el movimiento del software libre: nada más efectivo que producir cultura [más] libre y asociarse con empresas que saben cómo hacer negocios sin limitar actividades privadas. Por ejemplo Jamendo, que divulga sus obras por diversos canales, incluso móviles, y distribuye toda esa música libre de cánones a los locales que lo soliciten por cantidades muy razonables (menos de lo les cobra la SGAE, y sin necesidad de pagar los habituales precios desorbitados de los CDs musicales).