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Hace unos días escribí Letrados iletrados que trajo una discusión interesante con un fiscal primero en los blogs, luego en privado que acabó siendo apasionante como amigable. En esa discusión en privado llegué a decir que sí, que lo de “iletrados” era una exagreción adrede –los cultos le llaman hipérbole– y que me propusiese una alternativa. Me dijo algo así como “obsoletos analógicos”. A mí la verdad que me pareció igual de “ofensiva”, pero la “acepté” como buena.

Pero hoy leyendo la sentencia condenatoria a Julio me parece que no queda más opción que seguir llamándoles así, o al menos unos hoygan de mucho cuidado [*] en el que ni siquiera son coherentes en su falta de respeto a las normas de puntuación y dónde hay que colocar los espacios.

Ya salieron en varios blogs bromas con los la frase de posits –cuánta ignorancia sobre el tema que sentencian– pero además el texto de las sentencias tiene otros problemas de lógica básica que no alcanzo a comprender, quizás algún abogado algún día lo pueda explicar de forma coherente.

Indefinición de honor: En primer lugar comenta que no hay definición clara sobre el honor. Es más, dice que se tiene que adaptar a la “realidad actual”, sin embargo la sentencia contradice ese postulado inicial, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia pública de la SGAE por sus activismo y lobby a los legisladores por la imposición del canon y a favor del endurecimiento de las leyes de “propiedad intelectual”.

El honor de una “organización”: La sentencia no sólo admite que no está clara la definición del honor, sino que en este caso, con todas las dudas e ignorancia demostrada, falla en contra de un individuo y a favor de una entidad privada de derecho público.  Ésta además recauda dinero de una parte importante de los españoles, y sus directivos –electos y que se presentan al cargo voluntariamente– no han dudado en equiparar –en el ejecicio de sus cargos– a los usuarios de internet con ladrones o esos delincuentes que roban y secuestran barcos.

Jurispridencia inexistente pero citada: Como antecedentes de la sentencia cita a otros casos de la misma SGAE, pero que no son sentencias firmes y que como mínimo son tan discutibles y contradictorias como ésta.

“Inaplicabilidad” de la LSSI: En la sentencia se reconoce que la validez de la LSSI pero aún así no se interesan por los autores de los comentarios, para ello dan dos argumentos:

  1. La “línea argumental” del apunte de Julio era una invitación a los comentarios que atentaban contra el honor. Esta lógica está tomada por los pelos ya que no hay una evidencia objetiva de que Julio estuviese promoviendo tales comentarios.
  2. Luego afirma que Julio Alonso tenía la capacidad de borrar los comentarios. Como ya dije antes sobre el caso de la Frikipedia: Cualquier persona que administre un ordenador tiene la capacidad de eliminar ficheros o modificar cualquiera de ellos, es inherente a la tecnología.

Los lógica de los dos puntos anteriores convierten en la LSSI en papel mojado que no sirve para nada.

Primero porque convierte a los administradores del sitio en responsables finales al ser capaces –siempre– de eliminar contenidos. Luego, cualquier idea expuesta en el sitio que sea crítica a la entidad demandante puede ser considerada como una “invitación” a que se hagan comentarios que atenten contra el [virtual] honor de una organización.

Por reducción al absurdo, la única forma que este juez/a haya aplicado la LSSI y por lo tanto liberar de la rsponsabilidad a Julio Alonso:

  • Que haya contratado un servidor con unos programas especialmente adaptados para que no le permitan al propietario modificar el contenido.
  • Como la tecnología prácticamente exige que el administrador deba ser capaz de modificar ficheros, el responsable hubiese sido otra vez otra persona, por lo que la “cadena de responsabilidad” no se rompe, esta persona hubiese sido también demandada por no eliminarlos. Para que no ocurriese eso el servidor debería estar localizado y administrador fuera de España y además la relación comercial con Julio Alonso debería ser de tal forma que Julio –y demostrable– no pueda solicitarle la eliminación o modificación de comentarios…
  • Que no haya vertido críticas ni comentarios sobre la SGAE en sus apuntes en el blog.

Autocensura obligatoria: La sentencia está diciendo que Julio Alonso, al ser administrador del sitio debía aplicar la autocensura de cualquier comentario de ser susceptible de entrometerse en el honor de un tercero. Es decir, el blogger debe convertirse en una especie de juez apriori, porque si el caso llega a los jueces de verdad perderá con toda seguridad al no haber tomado la decisión antes.

Órgano competente: Para agregar más confusión sobre si está aplicando la LSSI pero la Ley de Protección Civil del Derecho del Honor también es aplicable al “administrador” –es lo que deduzco de la pobremente redactada sentencia–. Uno de los puntos controvertidos de la LSSI/LISI es la definición de “órgano competente” que pueda ordenar la retirada de contenido. La sentencia condenatoria va mucho más lejos que ordenar el retirado de comentarios, lo considera responsable de los mismos y le obliga a pagar la indemnización como el único responsable. El argumento es que se había negado a borrar esos comentarios a pesar de tener conocimiento de su existencia basado, en que la SGAE le había solicitado que los retire. En pocas palabras, concede a la SGAE cualidades similares a las de un “órgano competente” para ordenar la retirada de contenido de un sitio.

No soy un experto ni siquiera en lenguaje legal básico, pero lo que se puede deducir de la sentencia son todos dudas que crean aún más inseguridad jurídica y que una vez más prioriza una reconocida “imprecisa” definición del honor sobre  otras leyes  más modernas y más fáciles de justificar.

Así, si de verdad hubiese estado demostrado el más que dudoso intromisión al honor, lo salomónico [**] y de sentido común hubiese sido simplemente ordenar la retirada de esos comentarios, así la sentencia harbía sido al menos coherente com ambas leyes, la LSSI y la del “honor”. Pero se fue al extremo a favor de la demandannte, además con una sentencia que parece redactada por un estudiante de la ESO –no demasiado esforzado– al que pidieron un trabajo sobre blogs.

¿Era tan inmerecido como exagerado haberles llamado “iletrados”? Quizás, pero de lógica y sentido común no van sobrados.

Suerte Julio. Y qué país tan cutre es aquél donde los particulares piensan en juntar el dinero necesario para protegerse de fallos de unos jueces tan obsoletos como creativos. Me llama también la atención que nuestros legisladores estén tan callados observando como los jueces ningunean las leyes que no convienen a unos  pocos… ah, es que son “amigos” poderosos y con glamour😦

[*] No soy el mejor ejemplo a seguir en temas de erratas. Mi dislexia e hipermetropía creciente sumada a la presbicia (hoy encargué gafas nuevas, con más dioptrías pero muy guapas y modelnas, porque la lectura en pantalla ya me requería mucho esfuerzo) me hacen cometer muchas erratas, pero se trata de apuntes o comentarios en un blog –a los que voy corrigiendo cuando los detecto o me avisan en los comentarios–, no de sentencias condenatorias con tanto copy&paste y revisadas por varios funcionarios.

[**] Como es civil y no penal, el juez no puede pedir las direcciones IP de los comentarios.