Esta mañana recibí una llamada de la rectora de la UIB solicitándome que elimine un apunte (copia completa en este nuevo blog) porque recibieron una carta o llamada telefónica del señor Canals amenazando con iniciar acciones legales a la universidad por ser subsidiaria al estar alojado bajo el dominio uib.es.

Me pidió además que aunque pueda seguir con mi blog me abstenga de escribir opiniones que podrían llevar a la universidad a juicios.


Le expliqué mi total disconformidad con el pedido, así mismo le expresé que lo haría (y que cerraría mi blog) porque tengo una enorme deuda moral con ella, de sus épocas de síndic de greuges de la UIB. Estoy cumpliendo con mi palabra, y le pido disculpas por las molestias personales y pérdida de tiempo que le pude haber ocasionado. Pero también explicaré mi opinión, cuyas ideas fundamentales ya las expresé a la rectora en mi conversación telefónica (debo admitir que parecía comprenderlas, aunque se mantuvo firme en que retire el apunte en cuestión).

La constitución española reconoce dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Por supuesto, aunque fundamentales, ambos derechos están limitados por las leyes y el autor es el último responsable de sus opiniones. En mi caso mi apuntes van «firmados» por lo que asumo toda la responsabilidad legal de la que nunca he intentado rehuir.

Según me han comentado, parte del equipo rectoral afirmaba que no debería poder tener un blog personal en el dominio uib.es. Aunque no hay normativa específica de la UIB para estos casos se contradice con las políticas y promesas de promover Internet y el debate público de las ideas. En caso de haber una política restrictiva sobre este tema, por lógica también debería aplicarse a todas las opiniones personales de correos electrónicos desde la uib.es e incluso a las opiniones personales dentro de las instalaciones físicas de la universidad, como las aulas. Ahora ya no confío ni en lo que pueda escribir por correo electrónico desde la UIB o que use mi dirección gallir @ uib.es.

El problema fundamental parece ser que se trata de «Internet» ya que nadie me solicitó que «controle» mis opiniones en las aulas o en artículos en medios externos aunque firme como «profesor de la UIB». En estos casos, Internet, y desde un servidor –pagado por un proyecto de investigación y del que soy el único administrador– que no depende ni es administrado por la «institución» deberían haber acudido a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

Si hubiese habido interés del equipo rectoral de –ante la duda– mejor respetar los derechos fundamentales el mismo equipo asesor legal de la UIB podría haber respondido al requerimiento del señor Canals de la siguiente forma (es una adaptación de una de las respuestas que enviamos desde el Menéame a uno de los cease&desist):

Según el artículo 11 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, recordar que sólo es de aplicación las medidas provisionales que prevé este artículo cuando un órgano competente por razón de la materia lo hubiera ordenado. A fecha 24 de octubre de 2007, los responsables de uib.es no han recibido notificación de ningún órgano competente en relación con el asunto suscitado.

Según los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, la UIB no puede ser considerada responsable de ninguna infracción de los preceptos del artículo 13 (de responsabilidad) ya que como indica el propio artículo 16, se exime de responsabilidad cuando no se tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, pero que en todo caso, ese conocimiento efectivo predicado existirá, única y exclusivamente, cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución (artículo 16 párrafo tercero de la Ley 34/2002 de 11 de julio).

Pero no lo han hecho han elegido la opción más cómoda, y con un método al que sabían me resultaba imposible negarme.

Es que está muy bien eso de defender y exigir que la libertad de cátedra estén garantizados por la Constitución, pero claramente el punto de vista cambia cuando defender esa garantía involucra un poco de tiempo y/o decisión política mínimamente valiente. En estos casos parece que prevalece «mejor que no haya follones» y se le pide al autor que no deje rastro de su opinión, aunque se trate de casos tan absurdos como cartas o llamadas telefónicas de un «emprendedor» enfadado porque lo han criticado sus noticias en prensa o sus métodos nada éticos –hasta penalizados por buscadores– de posicionar dominios de Internet.

Por supuesto, estoy en radical desacuerdo con la decisión del equipo de dirección de la UIB, ni siquiera puedo llegar a comprender mínimamente cómo han llegado a tomar esta decisión.

Mientras que en una microempresa como Menéame dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en defender la libertad de expresión de 50.000 personas –anónimas y a las que ni conocemos– contra las amenazas legales de abogados de empresas «ofendidas», mi Universidad, esa que debería ser el centro de debate sobre libertad y sociedad de la información, la de opinión libre y honesta de sus miembros, la que tiene un equipo de abogados y un equipo directivo de respetados doctores y científicos ha tomado la vía menos valiente, pero la más cómoda… como si la «libertad» fuese un regalo divino que no necesita que se la defienda.

Así llegamos a la triste situación de que sólo una carta, email o llamada telefónica —todavía no lo sé– de un abogado «mediático» somete a una universidad incluso aunque la Constitución o la polémica LSSI le respalden.

Hace año y medio escribí «La universidad pública, último reducto (de la libertad de expresión)» donde reproduje una frase de un amigo mío:

Eso sólo ocurre en la universidad pública, es el último reducto donde se puede opinar libremente sin que te encuentres en el paro al día siguiente.

En ese mismo artículo alabé mucho a la UIB por la libertad que me han dado para opinar, a pesar de las molestias que causó a algunos de sus directivos –disculpas y gracias a ellos–. Poco tiempo después, y con un equipo directivo que se presentó como «progresista» debo decir todo lo contrario: Alfred, estimado amigo, ya ni siquiera eso.

Por otro lado hace poco tiempo critiqué de forma bastante dura la forma en que se estaba llevando la propuesta de la LISI –la modificación a la LSSI citada más arriba–. Hoy leo en el blog de la diputada Lourdes Muñoz que se aprobó la finalmente por unanimidad. La cito textualmente:

Respecto a la retirada de contenidos de páginas web. No se podrá cerrar ninguna página web sin intervención judicial cuando se trate de derechos fundamentales de libertad de expresión, información o cátedra. Todos los grupos hemos votado por unanimidad que la Ley no deje caminos a la censura.

De ser verdad, disculpas por la crítica si fue injustificada. Pero por razones obvias espero me permitan dudar de que esos derechos estén garantizados incluso en instituciones académicas.

Voy acabando, no puedo escribir demasiado claro –además me está costando mucho medir mis palabras–, pero espero que se haya comprendido las razones por las que reseteo y comienzo otro blog, y el porqué de mi sentimiento de tristeza y fracaso.

La única razón de que mi blog estuviese en la UIB, a pesar de las discusiones y malos rollos que me ocasionaba, era porque constituía mi particular activismo por la libertad de expresión y el debate honesto en la universidad, estaba orgulloso de él, y de que funcionase… hasta hoy.

Casi tengo en los genes que failure is always an option, pero creo que éste es mi fracaso personal más triste 😦

Actualización

F. E. Canal, el que presuntamente «amenazó con acciones legales» si no se eliminaba el apunte escribe este comentario. Según él no hubo tal «amenaza», ni que haya pedido el cierre del blog (¿y el borrado del apunte?). Gracias además por el «apoyo moral», pero ahora ¿a quién debo creer. De todas formas, gracias, es bueno saberlo ya que hasta ahora no me informaron de nada (sí, pedí a la rectora que me envíen una copia de la carta si exitiese).

Aún así le rectifico y me ratifico, mi apunte sobre el «observatorio» tiene críticas fundadas y con pruebas (no podía ser tan errónea mi crítica para que el dominio «criticado» haya «desaparecido» súbitamente y redireccione hacia un nuevo web con su nombre personal). Y siempre tuvo derecho a réplica en mi blog anterior, de hecho la ha ejercido sin problemas (y por duplicado.. triplicado, también el mismo rollo –exacto– en el Menéame, además de los correos privados).

Le había prometido que las críticas y respuestas que tenía en borrador se las haría llegar por privado, pero con la insistencia cansina-victimista me está dando argumentos para otro buen apunte.