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El espejismo de las patentes como medidor de calidad de la investigación
Hoy leo en El País El archipiélago universitario, dice muchas cosas con la que estoy de acuerdo, pero comienza con la siguiente frase (con los números muy equivocados):
En 2010, el sistema universitario público español obtuvo 401 patentes. Robert Samuel Langer, un investigador químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), él solo, tiene 810, más del doble.
Desde hace varios años se insisten con estos argumentos, como si las patentes fuesen un medidor válido de la calidad de la investigación. En términos generales no lo es, y menos cuando se trata de medir investigación, la “I” de I+D.
“Ley Lassalle”, ni la economía lo justifica (tampoco a la Sinde-Wert)
Para no agobiar con los números, el siguiente gráfico comparativo de volúmenes de negocio por industrias, en millones de euros:
Después de dos años de mucha genta contra la Ley Sinde/Wert dos años, explicando que no funcionaría, el PP la aprueba. Un año después, verificado el fracaso, pretenden modificar la LPI con lo que conocemos como “Ley Lasalle”. Otra vez insisten en “proteger” a un sector industrial (¿cultural?). Este nuevo borrador, de nuevo, entra en conflicto con derechos fundamentales (privacidad de comunicaciones, derecho a defensa, juicio justo) y seguramente producirá efectos negativos en los negocios digitales básicos (como explica Julio Alonso en Diario Turing).
El borrador de la nueva LPI no mejora derechos fundamentales, chirría con ellos.
Tampoco crea o amplía derechos individuales, los reduce.
Su única justificación es la de “mejorar la economía de una industria”, en detrimento de otras.
Como ejercicio intelectual simple, ubique en el gráfico a qué industrias podría favorecer, a cuáles podría perjudicar, y el volumen de negocio (y capacidad de generar empleo) de cada una de ellas. Si encuentra la justificación, me lo cuenta.
Fuentes de cifras
Transformación, obras derivadas, y falacias de abogados
Hoy a la mañana me llama un abogado para negociar que haga de perito sobre una demanda por derechos de autor. Tiene que ver con “transformación de obra” y “plagio”. Estuvimos dicutiendo, le dije que el “resumen” que se había presentado no era legal ya que no tenía la autorización de sus autores originales. Me respondió que estaba equivocado, que según el artículo 11 de la LPI, a esta persona le correspondía derechos de autor, y que no hacía falta autorización del autor del libro original.
La masa enfurecida, ahora contra Twitter
Actualización 31/01, 00hs: Mitos y leyendas de la “censura Twitter”.
Actualización 28/01, 14:20hs: Mi artículo en El Mundo, Un día de furia.
Actualización: además de que Twitter actualizó su anuncio con aclaraciones (el segundo enlace de este apunte), la EFF lanzó un comunicado. Dice básicamente lo mismo que afirmé en este apunte:
Twitter está tratando de mitigar estos problemas deshabilitando el acceso al contenido sólo a los que se conectan desde IPs del mismo país que solicitó censurar el contenido. Eso es bueno. Por ahora, el efecto global es menos censura, no más censura, ya que ellos deshabilitaban para todos los usuarios.
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Hace un año explicaban en el blog de Twiter que ellos sí eliminan tweets de spam o ilegales [sic]. No explican muy bien todos los casos ilegales (sí los de copyright), pero imagino que pueden ocurrir porque hay una denuncia, o un auto judicial, o una “notificación fehaciente”, que sus abogados deben analizar y eliminar esos tweets, si los consideran ilegales.
Nada anormal, en Menéame también hacemos lo mismo, y en casos graves (apología del terrorismo, amenazas de violencia, enlaces a pornografía infantil), tomamos medidas si los vemos, o nos avisan. Otras veces nos enteramos por una carta de juzgados o de la policía. Para no tener que eliminar completamente el comentario, tenemos un truco: si se banea al usuario (o se descarta un envío), el texto no se ve directamente y queda invisible para los buscadores. Así minimizamos lo que tenemos que “eliminar”, y sólo lo hacemos para temas más graves, como datos personales. Es decir, estamos a favor de la libertad de expresión, hacemos esfuerzos para no tener que modificar nada [*] pero no nos queda otra que acatar la ley. La alternativa es que nos cierren, y terminar con juicios muy costosos.
Las pérdidas por piratería en España son…
Recomiendo el magnífico artículo How Copyright Industries Con Congress, mirad las cifras que manejan por convencer al Congreso norteamericano para aprobar el SOPA. Luego podéis leer mi artículo sobre estudios similares de IDC en España. Controlad la risa, o la rabia.
No, espera. Si sólo quieres reirte, o cabrearte, te voy ahorrar leer el artículo en inglés, y el mío. El resumen.
Siwek estima [1] que las pérdidas por piratería de películas norteamericanas en todo el mundo es de 6.100 millones de dólares, de los cuales 446 millones son por “pirateo” en EEUU.
Según los estudios de IDC en España, el valor total de lo pirateado [sic] en películas es de 5.003 millones de dólares [2].
Es decir, España concentraría el 82% de la piratería mundial de películas, y 11 veces más que en EEUU. Dado la diferencia de población, nos queda que los españoles miramos unas 70 veces más películas ”piratas” que los norteamericanos (y relaciones igualmente disparatadas se si compara con cualquier otro país del mundo).
Todo lo anterior sin necesidad de aplicar multiplicadores raros, sólo proporciones a partir de los números que dan dos estudios. Deberías empezar a pedir responsabilidad a los medios que publican estos informes sin la menor crítica, y mucha más a los ministros que los dan por buenos.
Te están mintiendo, te están tratando de imbécil desde hace mucho tiempo. O son ellos los imbéciles. No sabría decir cuál es peor.
[1] Sin tomar en cuenta sus efectos multiplicadores mágicos.
[2] De 1867 millones de euros por semestre, multiplicado por dos (para un año), y multiplicado por 1.34 para convertir a dólares.
Hablando sobre la ley Sinde
En Genbeta publicaron un buen artículo (por el trabajo de resumir) de preguntas sobre la ley Sinde que nos hicieron a varios: Hablamos con Jesús Encinar, Ricardo Galli, Julio Alonso, David Maeztu, Juan Goméz-Jurado y Enrique Dans sobre la Ley Sinde.
A continuación, las preguntas y mis respuestas completas.
Es difícil controlar a nuestro enano autócrata
Hoy me llamaron la atención un par de cosas que se está comentando mucho por las reds.
Una es la “queja” porque Ana Botella es la nueva alcaldesa de Madrid. Muchos repiten no la hemos votado. Incluso hay una petición en Actuable El próximo 27 de diciembre Ana Botella se convertirá en Alcaldesa. No la hemos votado. Por eso queremos elecciones en Madrid ya promovida por Equo. Debo suponer que todos esos que se quejan son del PP, ya que fueron ellos los que votaron a la lista de ese partido para concejales en Madrid.
Además, debo suponer que los de Equo, además de haber haber votado a la lista del PP, no conocen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, especialmente el artículo 198 que dice:
La red resiste
Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.
Del kit tecnológico del Congreso (y de justificaciones posmodernas)
En las últimas semanas nos enteramos que el Congreso había hecho un concurso con unas especificaciones que sólo podían cumplir los iPhone 4. Junto con el kit se entregaba un iPad, para reemplazar a los portátiles de la legislatura anterior. El concurso no cumplía con la Ley de Administración Electrónica (no se puede preparar para un sólo proveedor, se debe favorecer a las “fuentes abiertas”). El 26 de noviembre leo un artículo (antiguo) que Apple factura el 99% de lo que vende en España en Irlanda.
Como IU promete hasta el uso obligatorio de software libre en la administración, pregunto por Twitter:
Pregunta muy en serio: ¿rechazarán los diputados de IU los iPads e iPhones?
Esperaba al menos un anuncio o reclamo de IU, del tipo:
No es admisible que la mesa de la legislatura anterior decida el equipamiento que usaremos, no es admisible que no tengamos opciones, no es admisible que en el propio Congreso no se cumplan las leyes que promulgamos, no es admisible que en época de crisis, y pidiendo esfuerzos a los ciudadanos, el Congreso compre equipos caros de dudosa utilidad para el trabajo de los diputados… Sobre todo, por nuestro programa electoral, no podemos admitir que nos obliguen a usar equipos de una empresa que está en el otro extremo ideológico de nuestro partido, y opuesta al software libre de nuestro programa… Pediremos que se estudie el caso y nos ofrezcan aleternativas para que podamos ser coherentes con lo que predicamos.
Era casi lo único que se esperaba, pero ocurrió casi lo contrario.
La LSSI y el vicio y abuso de los burofaxes
Cada vez es más frecuente recibir burofaxes de bufetes de abogados para que eliminemos comentarios y noticias que critican a empresas, incluso cuando la crítica es razonable y entra claramente en el derecho fundamental de libre expresión. Suponemos que se debe a que buscan en Google el nombre de la empresa y sale Menéame en las primeras posiciones. Las cosas han empeorado desde las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el caso PutaSGAE y Alasbarricadas, que, en contra de lo que parecía el espíritu de la LSSI/LISI (manifestadas incluso por legisladores), el “intermediario” (ISP o administradores de foros) sí son responsables de los comentarios y opiniones de terceros, basta que tengan “conocimiento efectivo”.
La forma de presión y “acojone” es sencilla: enviar un burofax, solicitar la retirada inmediata y destacar que a partir de ese momento ya se tiene ese conocimiento efectivo. Aunque no expliquen qué comentarios son los que consideran ilícitos, y que incluso un estudio de abogados exija que se incumpla la ley. El siguiente es un burofax que recibimos de Pintos & Salgado Abogados referente a Cuidado con las ofertas de empleo que primero te hacen gastar dinero [caso Eurocollege en Málaga].
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